Una inundación de negaciones. Preguntas en torno a la DANA.
Voy a intentar hacer una fotografía mediática y mental de lo que sabemos a día de hoy sobre responsabilidades por la tragedia de la DANA en Valencia y Castilla La Mancha, así como plantear algunas preguntas. Si en las líneas siguientes hay errores subsanables, agradeceré recibir la información correcta.
La Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó a tiempo de la crecida en el Barranco del Poyo. Todo sugiere que no había nadie monitorizando los sensores que -a partir de las 17h- empezaron a señalar, cada cinco minutos, de acuerdo con su configuración, un vertiginoso aumento del caudal. La obligatoriedad de monitorizar esa crecida y alertar vía mail cuando sobrepasa los 150 m3/seg. está recogida en el protocolo operativo de la Confederación, según el diario El Español. En todo caso, la cadencia de mails de la mañana (uno primero previniendo de una crecida superior al caudal de riesgo, y tres posteriores informando de la tendencia descendente, el último a las 16.13h) indican que la Confederación asume ese papel de informador esencial sobre estos riesgos. Pero desde las 16.13 hasta las 18.43h. no hay nuevas comunicaciones que afecten al barranco. ¿Las hay sobre otras cuencas y caudales de su jurisdicción? Puede que todos los técnicos estuvieran en la reunión de CECOPI, o puede que la situación en la presa de La Forata absorbiera toda la atención, pero el hecho es que nadie informó desde la Confederación acerca de la crecida monumental hasta las 18.43h. En ese lapso se perdieron aproximadamente 90 minutos.
Entre las 18.43, hora del aviso de la Confederación, y las 20.10, hora de la alerta a la población por SMS, hay otros 90 minutos. La explicación más sencilla para ese retraso es que nadie en la Generalitat leyó el correo de las 18.43. El propio Mazón ha declarado que la alerta de las 20.10 se produjo tras una llamada telefónica, a las 20h., del Secretario de Estado de Medio Ambiente a la Consellera de Interior de la Comunidad; llamada que tenía por objeto alertar del riesgo de rotura de la presa de La Forata, y en la que no se mencionó el caudal o desbordamiento del Poyo. Es decir, parece que el Secretario de Estado tampoco había leído el mail de las 18.43 de la Confederación.
La alusión de Mazón a que dicho mail era “uno entre doscientos catorce” parece llevar implícito el reconocimiento de que se omitió su lectura, aunque también contiene cierto grado de reproche por no dar a su contenido un formato más impactante, o subrayarlo con una llamada.
El nombre técnico de las alertas geolocalizadas para emergencias es “ES-Alert”. Según la web de la Dirección General de Protección Civil, “el sistema ES-Alert está a disposición de los centros de coordinación de emergencias de las Comunidades Autónomas en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Estos centros, junto con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior, son los responsables, dentro de su área de competencia, de definir y emitir las alertas cuando la situación lo requiera”
https://www.proteccioncivil.es/coordinacion/redes/ran/public-warning-system
La Generalitat valenciana nunca había utilizado el sistema ES-Alert antes. En el periódico La Razón, la consejera de interior, Salomé Pradas, afirmó que “ella no conocía el mecanismo (ES-Alert) y que actualmente no hay ningún protocolo para ponerlo en marcha, puesto que está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil”.
Desde el 29 de octubre, Valencia ha comenzado a utilizar ES-Alert con regularidad, a pesar de no tener aprobado el protocolo correspondiente.
La implantación del sistema ES-Alert comenzó a finales de 2022. Al parecer, estaba plenamente operativo antes del 29 de octubre en comunidades como Cataluña, que lo ha utilizado ya 40 veces, Castilla La Mancha, Aragón y Canarias. La comunidad de Andalucía lo activó después de la DANA y lo ha utilizado en la prevención de riesgos por las recientes lluvias en sus territorios. Madrid lo utilizó una vez y suspendió un partido en el estadio del Atlético de Madrid, aunque la lluvia que anunciaba terminó descargando en otro lugar. Según su web, la Junta de Castilla La Mancha utilizó ES-alert el 28 de octubre, a las 14.02, una hora después de recibir una notificación de AEMET, pero no el 29.
El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) depende de la Dirección General de Protección Civil, Ministerio del Interior. De la lectura de su web (https://www.proteccioncivil.es/coordinacion/cenem) se deduce que su poder de monitorización de las situaciones de emergencia, mediante sistemas tecnológicos como el satélite Copernicus (que se activó a las 16h. del día 29), y su estrecha colaboración con AEMET, la UME y otras entidades, es considerable. ¿Se puede con estos medios detectar en tiempo real una explosión de lluvia de 400 litros por metro cuadrado? ¿O una explosión en una central nuclear? En el segundo caso, ¿estaría capacitado para lanzar inmediatamente una alerta por SMS, o tendría que esperar para hacerlo instrucciones de sus superiores políticos, o la tramitación de los niveles de emergencia correspondientes?
Entre el mail tranquilizador de la Confederación a las 16.13 y el envío del SMS a las 20.10 pasaron al menos 177 minutos: 3 horas de tiempo perdido. La mayor parte de los fallecidos fueron personas mayores, de difícil movilidad, residentes en pisos bajos inundables. Seguramente, con mucho menos de 60 minutos de tiempo, sus familiares o vecinos hubieran podido desplazar a muchos a lugares seguros.
Es cierto que hubo entidades, como la Universidad de Valencia, que con la información ya disponible por la mañana decidieron suspender sus actividades, y enviar a todo el mundo a su casa, para evitar desplazamientos a las horas de lluvia torrencial. Nunca sabremos cuántas vidas se salvaron con esta medida, pero queda claro que también hay un nivel de responsabilidad difusa pero importante en niveles de decisión como un rector universitario, un alcalde, un directivo de empresa o un propietario de pequeño comercio. Y en cada uno de nosotros, en último término.
El ministerio de Transición Ecológica lleva años sin ejecutar obras aprobadas, que hubieran podido reducir el impacto de la riada. También parece que el mantenimiento y limpieza del cauce del Poyo ha sido muy deficiente. ¿Hay una tendencia subyacente del pensamiento ecologista a dejar que la naturaleza obre libremente, que haya podido influir en estas dejadeces?
La distribución de responsabilidades penales resultantes de todo lo anterior será establecida por los tribunales en largos procesos venideros. Es posible que en algún momento se hagan públicas las comunicaciones electrónicas entre organismos implicados, y que en ellas haya revelaciones inesperadas. En este sentido, resulta inquietante que los datos de la Confederación del Júcar desaparecieran de su página web el lunes 3 de noviembre, aunque volvieran a estar en su sitio el martes 4. La Confederación alega al respecto trabajos de mantenimiento relacionados con la reparación de los sensores dañados. También es posible que parte de las comunicaciones estén (o pasen a ser) clasificadas como secretos oficiales, por su ámbito militar o de seguridad, aunque desde luego en este caso debería primar la transparencia.
La pregunta que viene a continuación nunca tendrá una respuesta objetiva, pero es indudable que resuena en muchas mentes del país. La famosa y desafortunada frase del presidente del Gobierno –“si necesitan más recursos, que los pidan”- ¿refleja una actitud deliberadamente pasiva en la gestión de la crisis, o está dicha de buena fe para subrayar el compromiso con cualquier necesidad posible? La verdad, en este territorio, es la de la fe de cada cual. De todas formas, lo verdaderamente revelador de esa frase no es su enunciado, sino el uso de la tercera persona del plural: ellos. Poca empatía con las víctimas. Si el desastre hubiera sido en una comunidad gobernada por el PSOE, ¿hubiera hablado en primera persona?
Una consecuencia deducible de esta crisis es que el Gobierno Central (al menos, este) nunca decretará un nivel 3 de emergencia o emitirá alertas SMS por lluvias o riesgo de inundaciones. Hacerlo le pondría en la obvia coyuntura de que cuando quiere, puede; equivaldría al reconocimiento de su falta anterior. ¿Lo hará en otros casos de riesgo, como la explosión en central nuclear, un riesgo sísmico o una nueva erupción volcánica? ¿Debemos asumir que todos los medios tecnológicos a disposición de la Dirección General de Protección Civil nunca van a motivar una iniciativa ES-alert si previamente no se ha declarado el nivel 3 de emergencia?
En definitiva, la tragedia es resultado de una suma de negaciones. El Gobierno Central no consideró (y ya sabemos que no lo hará nunca) que una alerta roja de AEMET que afecta a dos comunidades merezca un paso adelante en iniciativas como la declaración del nivel 3 de emergencia. El ministerio de Transición Ecológica no ha ejecutado las obras, de ridículo coste, que hubieran podido minimizar el desbordamiento del barranco, ni ha mantenido adecuadamente su cauce. En el CENEM, Copernicus no detectó la lluvia torrencial de más de 400 litros, y si lo hizo no se consideró que eso debiera motivar una alerta SMS geolocalizada lanzada por ellos mismos, o se consideró pero no fue autorizado por estar en nivel 2 de emergencia. Nadie vió el mail de las 18.43 sobre la crecida en el barranco; nadie comentó nada al respecto en la reunión del CECOPI. En su llamada, el Secretario de Estado tampoco la mencionó. La Consejera de Interior no había utilizado nunca antes un sistema de alertas esencial para prevenir a toda la población sobre un desastre inminente, y eso que gobierna en una comunidad cuyas gotas frías son legendarias. Se enteró de la existencia de este sistema por un técnico, el día del desastre, según dijo ella misma al diario La Razón.
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