La verdad es que la retransmisión en directo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de vez en cuando, ameniza curiosamente esa hora de las 2 pm. en la que hay ya impaciencia por comer pero se espera el quórum familiar. En los quince minutos que he visto hoy, ocurrió lo siguiente.

Caí cuando la vicepresidenta estaba anuncia una nueva Ley de Crecimiento Empresarial, aunque llegué tarde a la explicación del contenido. Supongo que se trata de conseguir, por decreto, que las empresas crezcan, y prohibir lo contrario. Está bien.

Después, otra importante novedad legislativa: nuevo marco jurídico del sector audiovisual. La vicepresidenta justifica esta nueva ley en la necesidad de adaptación a un marco tecnológico que ha cambiado muchísimo en años recientes: plataformas digitales, series, vídeos por todas partes. No le falta razón. Sin embargo, al empezar a enunciar los aspectos de los que trata la ley, resulta que todos son de contenido moral, o bien político: control de los contenidos para evitar tratos discriminatorios, o bien supervisar el cumplimiento de las normas de discriminación positiva, en algunos casos; protección de menores; prohibición de ciertas formas de publicidad; garantías de respeto a los valores democráticos… Todo muy correcto, pero no se entiende qué tiene que ver con la digitalización; todo eso se podía haber regulado hace muchos años y para cualquier soporte de comunicación, incluidas las tablillas cuneiformes. La cosa comienza a entenderse cuando llegamos al apartado de obligación de programar un cierto porcentaje de contenidos en lenguas cooficiales. Algo de esto ha sonado últimamente en los medios, en relación con el apoyo de ERC a los presupuestos generales del estado. Un periodista pregunta si esta ley puede obligar a productores extranjeros, pero en ese momento salta el microondas y no consigo escuchar la respuesta. El sentido común dice que no, claro, así que igual Netflix acaba siguiendo los pasos de Deliveroo. Aunque también se puede, para evitarlo, pagarle cierta cantidad para que satisfaga la exigencia lingüística sin menoscabo de su cuenta de resultados. Quizás por ello la misma ley prevé elevar del 0,9 al 3,5% (un incremento del 400%) la cantidad que deben destinar los operadores españoles a la producción de audiovisuales con marchamo europeo. A saber.

Luego viene lo mejor, en el turno de preguntas: un periodista pregunta si a causa de la inflación se prevé indizar a IPC la economía de los colectivos más vulnerables, e incluye entre ellos ni más ni menos que a ¡los funcionarios! El mismo día que la prensa publica el dato de que el salario medio de los funcionarios es de 2.885 euros al mes, frente a 1.817 en el sector privado. Lo estupendo es que a la portavoz del gobierno no le llama la atención esta inclusión, y responde a la pregunta como si tal cosa, reafirmando el compromiso del gobierno con la igualdad, etc. etc.

También me dio tiempo a ver el anuncio de otra ley, la de Medicina de Vanguardia. La ministra del ramo explica que es necesario introducir nuevos conceptos y técnicas de terapia génica y adenómica en el marco jurídico de operaciones. Muy razonable, cuando se está vacunando a la población con preparados de ARN mensajero, por otra parte indudablemente eficaces a la vista de los resultados, y cuyo descubrimiento y avances hay que celebrar. Concluye diciendo que esta nueva ley sanitaria permitirá a los españoles acceder a tratamientos de vanguardia que ahora solo se administran en determinados paraísos de salud, como Estados Unidos o Suíza. Es también algo digno de aplauso, aunque muchos de nosotros preferiríamos que la lista de espera de ecografías bajara o simplemente que en el centro de salud alguna vez respondieran a las llamadas telefónicas.

En definitiva, un gran momento de «minutos musicales» con el aliciente añadido de saber leer entre líneas las verdaderas causas y razones de lo que los gobiernos -ahora este, como antes otros y después otros- van anunciando. Muy ameno. Minutos musicales y desciframiento -lectura entre líneas- todo en uno.

 

 

 

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