Ante las importantes elecciones autonómicas de Madrid el 4 de mayo, asistimos a una polarización mediático-sociológica que está bien para consumo del gran público; sin duda entretenida para televidentes de reality-shows, fans del Madrid o del Barça, gente que prefiera no pensar mucho y optar por una legión o por otra, con razón o sin ella. «Democracia o Fascismo», «Comunismo o Libertad» son eslóganes tremendos, contundentes, que exigen del interpelado un posicionamiento bipolar irrenunciable, sin ambages, a sangre y fuego. Es así la posverdad.

Sin embargo, todavía hay una oportunidad para tomar la decisión adecuada no sobre la base del grosor hormonal de unos u otras, sino a la vista de los programas económicos de cada cuala o cualo.

Una Comunidad Autónoma, -igual que un país, una comunidad de propietarios, una familia o una empresa- es una unidad de destino en lo económico. El dinero no garantiza, ni mucho menos, la felicidad; pero la pobreza sí que da muchas papeletas para la desgracia. Por eso tanto las empresas, como las cooperativas, familias y comunidades de propietarios ponen el máximo empeño posible en tomar las decisiones más acertadas posibles sobre sus gastos y niveles de endeudamiento, intentando encontrar el equilibrio óptimo entre su bienestar y se estabilidad.

Recordemos, de todas formas, que a diferencia de lo que ocurre en empresas, familias o comunidades de propietarios, quienes toman las decisiones cruciales sobre los gastos e ingresos de un territorio político no son sus propietarios, sino sus cargos electos. El acierto o error en sus decisiones puede costarles, como mucho, la reelección en cuatro años, pero nada más. Lo que se están jugando al tomar decisiones no coincide necesariamente con los intereses de sus administrados: para ellos el error significa el fracaso electoral, mientras que para sus representados puede significar la ruina personal. Por eso en las Comunidades de Propietarios vecinales el Administrador -que sería algo comparable al representante político de la cosa- debe presentar cuentas cada año, pudiendo los propietarios -auténticos soberanos de los dineros en juego- revocar su mandato en cualquier momento.

La economía global tiene un funcionamiento muy bien definido, muy claro, que podría definirse como «Facts of Life» -los hechos de la vida, cómo se hacen los niños, en fin. Todos los países son libres de emplear como quieran sus cuentas públicas, pero si sus ingresos no les dan para cubrir los gastos tienen que pedir dinero prestado a otros. En la medida de su credibilidad, los otros le prestarán ciertas cantidades, a uno u otro tipo de interés, con unas u otras cláusulas, en definitiva, en las condiciones que quieran imponer. Es lo que tiene ser deudor. Todas las guerras de la Historia de la Humanidad, y muchas de sus revoluciones, se explican como resolución a palos de un conflicto de deudas económicas no satisfechas. Obviamente la fuerza bruta -militar, tecnológica, hoy en día- sigue siendo el principal argumento de los prestamistas, entre los cuales en años recientes China ha alcanzado el máximo rango mundial.

El «Fact of Life» anterior -la dependencia de un país deudor de su acreedor, si este es más poderoso militarmente- explica sencillamente la comparecencia de Rodríguez Zapatero en la que anunció en 2008 la rebaja de los sueldos públicos en un 5% y la congelación de las pensiones. Sus acreedores habían tenido la amabilidad de sugerirle esas medidas como muestra de credibilidad para ingresar en las arcas públicas la paga de las pensiones y sueldos de los funcionarios del mes siguiente.

La Izquierda, que en el reality de estos días se atribuye la etiqueta de «los Demócratas», sostiene que los ingresos de las cuentas públicas deben provenir de ajustes al alza fiscales, cuando no de la fabricación directa de dinero quimérico por parte del Banco Central Europeo (aunque esto segundo es tristemente común y necesario). Aunque parezca increíble, siguen encontrando electores que compran la idea de que la riqueza hay que buscarla en una mayor recaudación fiscal, que naturalmente atribuyen a costa de unos «ricos» que terminamos siendo todos los ciudadanos y ciudadanas. Todos los males del mundo se solucionan subiendo presión fiscal: impuestos de sucesiones, de patrimonio, de sociedades, de rentas verdes, de uso de autopistas, de colaboraciones con la causa…

La Derecha tampoco se diferencia tanto, pero al menos tiene la decencia de reconocer que parte del dinero necesario para reducir nuestra dependencia de los prestamistas extranjeros, y por tanto asegurar una mayor estabilidad a las generaciones futuras, pasa por la austeridad de las cuentas públicas. Austeridad que no significa recortes de calidad de servicios, sino simplemente una actitud: antes de pensar en subir las cuotas de la Comunidad, pensemos: ¿hay algo en lo que nos estamos gastando el dinero innecesariamente? ¿Cómo podemos optimizar nuestros gastos? ¿Cómo podemos generar más riqueza, de manera que también suba la recaudación fiscal sin necesidad de subir los tipos?

Con esto creo que queda planteada -de manera naif, pero correcta- la clave que debería llevar a los indecisos a decidirse el 4 de mayo. Piensen en las elecciones autonómicas como propietarios de su Comunidad, como miembros de su familia, como trabajadores de su empresa, y no como votantes de un reality fantoche.

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