En las últimas semanas se habla mucho de okupas, un género ciudadano con el que es difícil congeniar, ya que basa su argumentación existencial en el supuesto derecho a usurpar / robar la propiedad individual ajena bajo excusa de ejercicio de derechos colectivos no satisfechos. Al igual que el recaudador de impuestos de Sherwood -y con respeto a las familias que realmente estén pasándolo mal- el okupa no roba al rico para dárselo al pobre -eso lo hacía Robin Hood, y no siempre. El okupa roba a cualquiera para dárselo a sí mismo. Pero hay en nuestra cultura económica y social una figura similar mucho más tolerada, e incluso apreciada: el moroso. Empresas y particulares que hacen de los impagos una forma de vida. Que en vez de pedir financiación a los bancos alimentan su tesorería sobre las espaldas de pymes y proveedores que han tenido la mala fortuna de confiar en su palabra o contratos.

Tras la crisis de 2008, se estableció el plazo de 60 días como máximo legal para el pago de facturas. Se pretendía corregir, entre otras cosas, el hábito moroso de la propia administración pública, que muy a menudo demoraba pagos durante años. Aquélla crisis fue tan estentórea que motivó, quizás por primera vez, el reconocimiento público de la práctica morosa como una lacra social, tan dañina para la salud económica como otras para la integridad física o mental. Pero ha pasado más de una década y muchas empresas siguen considerando normal pagar tarde. Les parece normal ejercer un chantaje continuo sobre el proveedor, obligándole a aceptar la mora como condición necesaria para la continuidad de la relación comercial. Hay incluso empresas de servicios de «optimización financiera» que recomiendan la mora como práctica habitual, más rentable y menos costosa que la financiación a través de banco, por mucho que los tipos de interés puedan estar en mínimos y haya líneas de financiación disponibles para pagadores en dificultades.

Creo que ha llegado el momento de que se reconozca que los morosos -de cualquier magnitud, naturaleza, públicos o privados, pymes o multinacionales- son una lacra económica inadmisible. Sólo la Hacienda pública tiene armas efectivas contra ellos; los demás se ven obligados a un calvario de reclamaciones, burofaxes, concursos y correos que supone un desgaste jodido e improductivo.

Sería ingenuo plantear un reto de estos tan de moda en las redes sociales para que empresas de todo tipo pudieran exhibir su cumplimiento de los plazos de pago como un orgullo de responsabilidad y buen hacer. Sin embargo, quizás no sería descabellado reclamar un listado público de empresas morosas, online y permanentemente actualizado, en el que cualquier proveedor afectado pueda inscribir sus facturas impagadas, para que quienes viven de la okupación financiera fueran, al menos, fácilmente identificables y tuvieran menos recorrido. En estos tiempos digitales, en los que todas las facturas se registran en la hacienda pública, y todos los pagos o impagos dejan constancia, sería algo verdaderamente muy sencillo de implementar y muy saludable para el sistema económico. Una especie de «radar moroso».

Si necesitas financiación, pide créditos. Pero nunca dejes de pagar a proveedores en plazos legales. Es injusto, ilegal, abusivo y despreciable. Manolo el Moroso, de 13 rue del Percebe, ya no tiene gracia.

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