Memoria histórica

Es muy posible que el ascenso de la ultraderecha en España esté motivado, en parte, por el empeño de la izquierda en legislar sobre la memoria histórica. Se dió por supuesto que la Transición incluía un acuerdo para no removerla tras el fin de la dictadura; obviamente debía ser un acuerdo implícito, imposible de plasmar en papel. Pero de alguna forma la pasividad con la que los millones de personas que en 1975 eran franquistas -no había más que ver las colas ante el ataúd de Franco, y no era obligatoria la asistencia- estaba haciendo un trato: aceptamos los cambios, no nos encastillaremos, pero dejad en paz la historia. Pero pasadas poco más de dos décadas, la izquierda descubrió la memoria histórica como arma electoral. Se dieron cuenta cuando el Partido Popular -craso error- se negó a votar a favor de una condena parlamentaria de la dictadura; esto ocurrió por primera vez en 2003. Aquí hay una cronología completa. El PSOE vió una herida abierta, y desde entonces no dejó de golpear en esa ceja, creyendo que con cada gancho hundía un poco más a la derecha en el pasado y en la intención de voto. Durante la legislatura de Zapatero se habló muchísimo de memoria histórica, aunque entonces tomaron protagonismo sobre todo los familiares de víctimas sepultados en fosas comunes, improvisadas cunetas indignas de cualquier sepultura.

¿Cómo va a negarse nadie a que un descendiente dé mejor descanso a los restos de sus padres o abuelos? Es obvio que no puede hacerse; cualquiera podríamos estar en esa situación. Pedir a alguien que acepte sin más que sus ascendientes descansarán por siempre en un barranco es inhumano, desde luego.

Sin embargo, a la hora de aplicar la clasificación de víctima este proceso topa con no pocas dificultades. ¿Consideramos a los muertos únicamente por represalias o ejecuciones tras el fin de la guerra, o incluimos también a los de la contienda? ¿Excavamos todas las fosas, o sólo las de un bando? No es fácil dar respuesta política a preguntas así.

Quizás por ello, el tema de la recuperación de restos decayó, y en parte también por el ascenso al poder del PP en 2011, claro.

En 2018, cuando el PSOE de nuevo llega al poder, recupera el argumento sociopolítico de la memoria histórica, pero no con acento en la recuperación de familiares, sino en dos ejes puramente políticos: desenterrar a Franco del Valle de los Caídos y legislar sobre la memoria histórica. El primero ha resultado ser una patata tan caliente que bota de mano en mano sin que nadie parezca capaz de sostenerla el tiempo suficiente para enfriar. Y lo segundo es, quizás, de mayor calado aún, porque atañe a la libertad de expresión, y a la libertad de memoria, de la que se habla menos, pero es no menos importante.

El gobierno plantea prohibir por ley las manifestaciones de apoyo al dictador o la dictadura en espacios públicos; pero simultáneamente solicita a la fiscalía manga ancha con los delitos de odio reprendidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Valtonyc, Dani Mateo..). Es casi comprensible en un gobierno de izquierdas, pero difícil de justificar en un debate sensato.

Se argumenta que un país tan civilizado como Alemania tiene prohibidas por ley la apología del nazismo. Como siempre, se utiliza el espejo europeo únicamente cuando nos dice que somos los más guapos del reino. El reciente ascenso del neonazismo en Alemania prueba también la ineficacia de leyes así.

La libertad de expresión es o no es; no admite restricciones o letra pequeña. Su única frontera es la mentira: ésta sí debe condenarse cuando cause daño, pero no la opinión, por muy dura que resulte. Sólo así puede desactivarse con el tiempo la capacidad de ciertas opiniones para herir, sólo así acaban por sonar triviales, irrelevantes, vacías, tontas, inofensivas. Silenciarlas es magnificarlas.

La memoria histórica, sencillamente, es la de cada cual. Yo recuerdo que el día que murió Franco perdí una cita pre-amorosa con una dependienta a la que había quedado en ir a recoger a las ocho de la tarde. Murió Franco; llegué a la tienda y la encontré cerrada. Se me fastidió la cita. Tenía entonces 14 años. Los anteriores los había vivido como tantos niños de clase media en la España de los sesenta y setenta: con sescientos, ochocientoscincuenta y milcuatrocientas treinta; con la familia Telerín, los chiripitifláuticos, Los Invasores y Viaje al Fondo del Mar; con muchos días en el Retiro y la Casa de Campo; con incursiones en casas abandonadas para fumar a escondidas; con ilusión por hacerme mayor y sin muchas cortapisas en mi infantil actividad diaria. Habría mucho más que decir sobre aquellos años y aquéllas memorias, pero no aquí, no ahora, en este breve artículo. También habría muchísimo que contar sobre mi memoria histórica personal de la Transición: los porros, el destape, la percepción de que estaba pasando algo importante pero no tanto como para dejar de ir a guateques, la universidad, los excesos de juventud, que aún duran, por cierto.

Pretender imponer en la memoria histórica de cada cual una verdad decretada por ley conlleva una agresiva y peligrosa trepanación quirúrgica de la cual el individuo puede resultar con cambios y transtornos impredecibles en su comportamiento. Dejadle, mejor, que recuerde lo que quiera, que diga lo que quiera. Las palabras solo son viento sonoro, no hacen daño; y los recuerdos no son más que nubecillas en el alma de cada cual, invisibles para los demás.

Por cierto, yo estuve en las colas para ver el cadáver de Franco. Me pidió que le acompañara un vecino del bloque, porque a él le había dicho su padre que fuera con él. Pasamos toda la noche a la intemperie; hacía frío; estuvimos al menos 15 horas en la cola, parte de ellas durmiendo un milquinientos del padre de mi amigo. No sabía muy bien qué hacía allí, y desde luego por mí mismo no hubiera acudido. Pero estuve allí, y eso también es memoria, mi memoria, que poco o nada importa.