Desde que Aznar acuñara el vocablo de «segunda transición» para referirse a algo que supuestamente tenía que pasar en España cuando gobernaba, este término ha tenido mayor fortuna -y merecida- que su inventor.

Sí: España necesita una segunda Transición, con mayúsculas.

Pero para ser «segunda» es preciso que sea similar a la primera en sus características esenciales: a) fruto del acuerdo entre posiciones políticas inicialmente enfrentadas,  y b) escrupulosamente respetuosa de los procedimientos legales de reforma política.

El resultado de las elecciones del 20D se presenta como el marco idóneo para llevar a cabo esta segunda Transición, pues se reproducen las condiciones de hace 40 años: hay posiciones políticas muy enfrentadas, y hay un sector que quiere romper la baraja de los procedimientos legales, comenzando por la Constitución.

Los ejes ideológicos de la España de los 70 y 80 se han complicado desde entonces: las opciones electorales ya no sólo se referencian en torno a la política social y económica -el debate clásico de izquierda /derecha. Este posicionamiento se ha reconfigurado en torno a la cuestión de la «austeridad» y la «sensibilidad social». Todo el mundo reconoce ya que el Estado no es en ningún caso generador de riqueza, sólo distribuidor. El capitalismo, sencillamente, ha triunfado. La riqueza proviene de la iniciativa -e incluso de la ambición- individual, sea el individuo un tipo solo, una start-up o una gran empresa. El Estado puede arbitrar, regular, corregir, distribuír… pero no creará jamás de por sí la riqueza de un país, patrimonio sobre el cual se construye el bienestar colectivo: sanidad, pensiones, educación, infraestructuras… La Europa del Este y la URSS son la prueba histórica. El viraje de China hacia el «capitalismo de estado» también.

El antiguo eje derecha/izquierda sigue aún vigente en cuestiones de sensibilidad social: actitud frente a los deshaucios, atención a los más desfavorecidos, bioética, cuestiones morales y de género, sobre todo. Pero este territorio es también enormemente fluído. La derecha asume sin mayores problemas hoy los postulados básicos de la moral social colectiva, con algunas excepciones muy ligadas a la presión de la Iglesia Católica, que a su vez es cada vez menos presionante gracias al liderazgo social del Papa Francisco. Muy pocas voces de la derecha discuten ya cuestiones relacionadas con la igualdad, las opciones sexuales personales, la libertad de culto… No son, desde luego, problemáticas en la España de hoy.

La palabra clave del primer -y quizás por ello más espontáneo- discurso tras los resultados del 20D,  de Pablo Iglesias, líder de Podemos, fue «plurinacionalidad». No tuvo palabras (miradlo, está en Youtube) para los excluídos o los desfavorecidos. Curiosamente, sí las tuvo Mariano Rajoy, que dijo en el balcón de Génova que «aún queda mucha gente en España sin trabajo».

Plurinacionalidad: esta es la palabra clave de la segunda Transición.

Las reivindicaciones y aspiraciones de estado propio de cualquier comunidad, incluída la de propietarios de un bloque de vecinos, son perfectamente legítimas. La cuestión esencial es cómo concretarlas: si a través de la declaración unilateral o mediante la negociación con el resto de comunidades a las que su aspiración afecta. Respetando la ley, o rompiéndola.

Romper la legalidad es una cuestión muy seria, pues a partir de ese momento deja de ser referente. Nadie que la haya quebrado puede luego invocarla. Y ningún poder que admita una ruptura específica puede luego erigirse como guardián o garante frente a otros que quieran para sí el mismo derecho de interpretar las leyes a su manera. Babel, en suma.

El 20D, 17 millones de españoles votaron a partidos que se habían presentado en sus propuestas como «garantes de la Constitución», es decir, del respeto a la legalidad vigente. 7 millones votaron a partidos que consideran, de una u otra forma, que sus electores tienen derecho a quebrarla de manera unilateral.

El PP y Ciudadanos han sido ya muy claros en su voluntad de formar un gobierno resultante del 20D que canalice este resultado electoral. El PSOE está perdido en un laberinto de coordenadas ideológicas que tiene a su brújula loca entre las cuestiones socio-económicas y las nacionalistas. Si se le ofrecen los ministerios de Economía, Trabajo y Educación en un gobierno de coalición, y se niega, evidenciará que su eje no es ya la preocupación por el bienestar de los españoles, sino alinearse a caballo supuestamente ganador junto a las fuerzas rupturistas.

El verdadero eje ideológico de hoy es este: ¿respetamos la ley o no?

 

 

 

 

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