Todos pagamos TVE, las TVs autonómicas y la Agencia EFE. ¿Por qué sus contenidos informativos no son de dominio público? ¿Por qué es imposible acceder a ellos para utilizarlos libremente, como se utilizan las autopistas o los hospitales públicos?

La supresión de la publicidad en la TV Pública estatal ha resultado muy positiva en múltiples frentes: permite a los profesionales del servicio público centrarse en su misión principal -la información independiente y equilibrada-, liberándose de la presión comercial asociada a la venta de publicidad; permite a los actores privados del sector hacer los negocios de los que obtienen todos sus ingresos sin la temible amenaza de un competidor que tira con pólvora del rey y desequilibre el mercado. Y ha sido positiva para la ciudadanía, que encuentra ahora en la televisión pública un verdadero servicio sin otro interés que cumplir la función asignada por la sociedad. Pero es posible ir más allá.

¿Por qué unas declaraciones del Ministro de Fomento, o unas imágenes sobre incidencias meteorológicas o de tráfico, u otras sobre un suceso de evidente interés general, producidas con los magníficos medios y profesionales de la TV pública, y pagadas por todos, limitan su vida útil a la emisión en TVE? ¿Por qué no se entregan a otros medios para que -bajo una licencia que estipule lo que se puede y lo que no se puede hacer con dichas imágenes- las puedan usar como materia prima de sus propios propósitos informativos?

Si la información producida por los medios públicos fuera de dominio público, los distintos gobiernos, administraciones y entidades asociadas a la «cosa pública» multiplicarían muy considerablemente su alcance informativo. Habría más material libre de derechos (que no de reglas de uso) para informar sobre asuntos de interés para todos, y eso sería bueno en general, pero en primer lugar para las administraciones, que se encontrarían entonces respaldadas por un verdadero servicio público de cobertura y distribución de sus informaciones y actividades.

Abramos el debate.

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