La noticia de hoy en El País  vuelve una vez más sobre uno de los debates más viejos del mundo. Se produce, en mi opinión, una transposición de «parte por el todo». Es indudable que existen casos de explotación, trata y esclavitud de mujeres por parte de mafias y delincuentes. Todos los esfuerzos para detectarlos, desmantelarlos y castigar a sus culpables son necesarios, y ojalá exitosos al cien por cien. Dentro de las actividades delictivas, la que utiliza a otras personas como objeto de comercio es particularmente detestable.

La pregunta es si en el mundo de la prostitución es todo trata y esclavitud. Si la respuesta fuera sí, no se hable más, apruebese la ley referida por El País, y aplíquese con contundencia.

Pero creo que la respuesta correcta es no. Creo que hay mujeres y hombres que obtienen ingresos a cambio de servicios sexuales ofrecidos libremente, sin coacción alguna -salvo la necesidad de los propios ingresos, claro, coacción que todos sufrimos y resolvemos de una u otra manera.

Si admitimos lo anterior, ¿estaremos de acuerdo en el derecho de estas mujeres y hombres a ofrecer estos servicios, y de otras personas a contratarlos? ¿O pensaremos que -puesto que parte del comercio sexual está contaminado por la delincuencia- deben ser perseguidos igualmente?

Para mí las respuestas a las preguntas anteriores están claras: legalización de los servicios sexuales libremente prestados, con regulación sanitaria, cotizaciones a seguridad social y contribuciones a hacienda. Hasta con recibos y facturas, si me apuras. Y persecución implacable de la explotación sexual, como de cualquier otra forma -salvando las grandísimas distancias- de abuso laboral.

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